La modificación unifica las compras por montos debajo de cierto umbral para dirigirlas exclusivamente a mipymes, mujeres y personas con capacidades especiales.
Otro punto importante es el establecimiento por ley de la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional y la profesionalización obligatoria de los encargados de compras de las instituciones, quienes deberán designar un supervisor del contrato para asegurar su seguimiento.
Se incluyen, además, sanciones penales de 4 a 10 años a quienes violen la ley de compras y se mejoran las metodologías de evaluación de las ofertas en los procesos de contratación, cerrando así las puertas a la discrecionalidad.
También se propone que cuando un proveedor presente un recurso de nulidad contra la adjudicación se suspenda automáticamente la suscripción del contrato por un plazo de 10 días.
Responsabilidad medioambiental. Se propone establecer criterios de sostenibilidad ambiental en las compras del Estado, tales como el uso efectivo de los recursos naturales, menor consumo de agua, el origen legal de los recursos naturales, uso de material ecológicamente amigable –reciclado, no tóxico o biodegradable– la disminución del uso de papel, y la promoción de la eficiencia energética.
Más incentivo para productores nacionales y la industria local. Con la modificación, los bienes destinados para los programas de asistencia social y alimentación escolar pasarían a ser adquiridos exclusivamente a los productores nacionales y locales, otorgando el rango de Ley a las disposiciones del Decreto 168-19.